Ejidatarios de Puerto Morelos denuncia despojo

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CANCÚN, QROO, (Carlos Águila Arreola).- Un grupo de 18 comuneros del ejido de Puerto Morelos, de un total de 56 que denunció el despojo de 2 mil 534 hectáreas –de un total de 20 mil– con valor de mil 534 millones de pesos por “una mafia agraria” de funcionarios, familiares y malos representantes ejidales incrustados en el concejo municipal que entrará en funciones el 6 de enero próximo.

De acuerdo con Samuel Sánchez Correa, ex líder del Sindical de Taxistas de Puerto Morelos y vocero de los ejidatarios acusó a Miguel Ángel Zetina Cuevas de encabezar a un grupo de jornaleros constituidos en la asociación civil “Reivindicación Histórica de Puerto Morelos”, confabulados con el gobierno de Roberto Borge Angulo.

En conferencia, también hizo referencia a la discriminación del Tribunal Unitario Agrario al no asignarles parcelas desde 2011, y en cambio crear “neo-ejidatarios” tras el pago de 80 mil a 100 mil pesos por parcela de 100 hectáreas en recientes asambleas fraudulentas para cumplir con el requisito de 30 mil habitantes para ser municipio.

El motivo de la requisa de predios fue para darles utilidad pública, crecimiento urbano; se expropiaron tierras de uso común cuyo pago debió repartirse entre 150 ejidatarios –el padrón original del ejido de Puerto Morelos, hoy ya con mil 796–, pero sólo se hizo entre 45: entre el entonces comisariado ejidal Miguel Ángel Zetina Cuevas y “sus amigos”.

“Las tres últimas administraciones ejidales han manipulado las asambleas para excluirnos del parcelamiento. Los terrenos fueron expropiados por el Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado (IPAE), en 2010, y hasta ahora, después de cinco años, no sabemos el destino de ese dinero.”

Sánchez Correa detalló que Zetina Cuevas será el síndico municipal a partir del 6 de enero, cuando entre en funciones el undécimo municipio.

Tras la serie de anomalías, los afectados presentaron la denuncia de juicio agrario ante el Tribunal Unitario Agrario (TUA) del Distrito 44 de Chetumal (TUA/44/33/2012), donde el titular, Rafael García Simmerman, desechó la demanda de los 56 inconformes para el retorno de tierras o el dinero por no cumplirse el objetivo de “la utilidad pública”.

La denuncia se presentó en septiembre de 2012 y luego de tres años, los comuneros siguen en la incertidumbre, y es que “la justicia agraria no es pronta y expedita como se promociona porque el TUA es muy deficiente”, acusó por su parte Félix Ortiz Guerrero, otro de los ejidatarios quejosos.

El también presidente de los prestadores de servicios turísticos agrupados en la asociación civil “El Farito” señaló que fueron excluidos del reparto porque siempre han denunciados las corruptelas de las autoridades ejidales en turno, lo que les ha valido amenazas de muerte, agresiones corporales y verbales e intimidación en general.

En ese sentido, indicaron que hay una demanda contra Miguel Ángel Zetina, Lucio González Hernández, el actual comisariado Alejandro Montoya Mex y quien resulte responsable de enviar a golpeadores a advertirles que se callen o sufrirán las consecuencias, razones por las que muchos han desistido.

De hecho, en pie de lucha sólo quedan 18: “Muchos se han ido por carecer de recursos porque hay que estar viajando a Chetumal, por enfermedad, amenazas e intimidación; incluso hay uno al que declararon confeso por no asistir, pero el señor tiene un dictamen médico que no puede estar porque le puede dar embolia, no puede hacer corajes”.

Los reclamos alcanzan al Registro Agrario Nacional (RAN), la Procuraduría Agraria (PA), el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Fifonafe), la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y el Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado (IPAE), pero entre todos no han podido dar respuesta.

 

 

 

 

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