Desplazados por la violencia en Guerrero, sin agua ni comida

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  • Campesinos se opusieron a que sus comunidades fueran ruta de trasiego de drogas
  • Aseguran que antes de huir de paramilitares, narcos y talamontes tenían tierras y ganado
  • Los niños caminan hasta dos kilómetros a sus escuelas y no los dejan entrar sin zapatos

Ayutla de los Libres, Gro. (La Jornada).- Los primeros desplazados de sus comunidades por la inseguridad y violencia provocada por la disputa entre cárteles de la droga en Guerrero viven sin trabajo, sin servicios médicos, sin agua para sus necesidades básicas, pero sobre todo, a la espera de que alguien les haga justicia.

Son 31 familias (156 personas) víctimas de asesinatos, persecuciones de grupos paramilitares, talamontes y narcotraficantes, así como de encarcelamientos, que residen en los poblados de Puerto las Ollas, municipio de Coyuca de Catalán, y Colonia Libertad de la Unión y Tepango, municipio de Ayutla de los Libres.

La Colonia Libertad de la Unión, enclavada en los límites entre los municipios de Ayutla de los Libres y Cruz Grande, en la Costa Chica, es el refugio de 51 personas que integran nueve familias. Llegaron en marzo de 2013, procedentes de las comunidades La Laguna, Hacienda de Dolores y El Ciruelo, municipio de Coyuca de Catalán.

Mariana Díaz Pérez, madre de seis niños, cuenta las penurias por las que tiene que pasar: “No hay trabajo por aquí y cuando hay solamente laboramos tres días a la semana y nos pagan 120 pesos por jornada, pero para ir a Ayutla tenemos que gastarnos 50 pesos de ida y vuelta.

¿Qué le vamos a dar de comer a nuestros hijos? Hay ocasiones en que tengo dos tortillas y las tengo que repartir entre mis seis hijos. En mi caso soy cocinera, me quedo con 60 pesos, porque a veces ni el agua ni la comida nos dan en donde trabajamos, relata.

Explica que los 31 niños que forman parte de esta colonia de desplazados deben caminar más de dos kilómetros para llegar a las escuelas que están en el pueblo de La Unión, y por si fuera poco, si no llevan el material, no los dejan entrar al salón de clases, y tampoco si no llevan zapatos.

Se queja de no hay centros de salud, por lo que es sumamente difícil recibir atención médica. Pero hay algo peor: la falta de agua.

Mariana explica que ese es un grave problema que se padece en la región. Los niños tienen que estar casi todo el día escarbando en el río seco para extraer un poco de agua. No tenemos agua ni para beber, ni para bañarnos, mucho menos para lavar ropa. No llovió y el río se secó, lo mismo que lo que sembramos, porque no hubo agua.

Su hermano, Damián Díaz, interviene en la plática y comenta que presentaron al gobierno un proyecto para un sistema de riego, pero tiene un costo de un millón de pesos. Mientras da detalles, su hijo, Damián, de seis años, junto con otros niños escarba a orillas del río para tratar de obtener un poco de agua y llevarla a sus casas.

Recuerda que en agosto de 2013 el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) entregó a los desplazados nueve inmuebles, pero no tienen cimientos ni varillas, tampoco cuentan con el mínimo de servicios. En época de lluvias se mete el agua, y ahora con el calor es insoportable habitarlas.

Manuel Olivares, de la Red de Organismos de Derechos Humanos de Guerrero, asegura que las 156 personas oriundas de Coyuca de Catalán, en la Tierra Caliente, que actualmente viven en Puerto las Ollas, colonia Libertad de la Unión y Tepango, son consideradas las primeras desplazadas por la violencia.

Explica que estas familias eran propietarias de 16 mil hectáreas, donde había agua y abundante vegetación; además, sembraban y tenían ganado, mientras aquí solo les dieron 10 hectáreas para todos, bajo el estatus de refugiados.

Recordó que el problema se inició cuando grupos de la delincuencia organizada exigieron una ruta para la siembra y traslado de droga, así como para el tráfico de la madera, a lo que los campesinos ecologistas se opusieron. Queremos que el gobierno cumpla con su promesa de darnos tierra, alimentación, agua, y sobre todo justicia, reclamó.

Dijo que la lucha por la defensa de los bosques surgió con la creación de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, fundada en 1998, y desde entonces ha sido duramente combatida por el Estado mexicano. Agregó que dos de sus fundadores, Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera García, fueron encarcelados.

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